Cuando el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia recibió el oficio del juez Jorge Gorini -responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad- con la orden de enumerar los bienes de Cristina Kirchner, la información incluía los nombres de los peritos designados por las partes.
En ese momento, el profesional que representa a la ex presidenta pidió postergar la tarea encomendada, bajo el pretexto de que se encontraba fuera del país. La respuesta no se hizo esperar.
El Tribunal Oral Federal 2 determinó que el trabajo no sufriría ningún retraso. Se le ordenó al contador Gaincerain que se conecte y trabaje de forma virtual.
Con la finalidad de ponerle un número final al decomiso por el cual deberá responder de forma solidaria la ex presidenta y los demás condenados en el caso Vialidad, la tarea fue encomendada al Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema.
El trabajo central es actualizar el monto que se volcó en la sentencia condenatoria donde se habló de una "fenomenal maniobra defraudatoria". El cálculo se realizará teniendo como referencia la cifra proporcionada por el Tribunal: 86.085.463.548,25 pesos.
En este trabajo, que expondrá el fraude al Estado con las 51 licitaciones con las que se benefició a Lázaro Báez, intervendrán peritos de todos los involucrados, y uno designado por la Fiscalía de Diego Luciani.
Cuando se puso en marcha el mecanismo para determinar el número final del decomiso, el profesional en representación de Cristina Kirchner, el contador nicoleño Lucas Gaincerain, pidió postergar el inicio de actualización del monto.
El argumento, confirmaron fuentes judiciales, es que Gaincerain se encontraba fuera del país. Pero el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) determinó que el trabajo no sufriría ningún retraso. Se le ordenó a Gaincerain que se conectara y trabajara de forma virtual.
De haber hecho lugar al planteo del perito de la ex presidenta, el trabajo de actualización del dinero que deberán devolver los nueve condenados del caso Vialidad, se habría retrasado.
En Comodoro Py, fuentes judiciales consignaron que la relevancia de avanzar con celeridad sobre el decomiso de bienes "es parte del mensaje de cara a la sociedad de la consecuencia directa de una condena por corrupción: no es sólo la prisión sino también el recupero de aquello que se ha robado".
Esa premura es compartida en la Corte Suprema de Justicia, donde indicaron a CLARÍN que “el recupero de los bienes de la corrupción es un objetivo" del máximo tribunal. El decomiso es una de las consecuencias inmediatas de la condena de cumplimiento efectivo.
Al comprender la relevancia del expediente, pero sobre todo los montos de dinero involucrados, en el máximo tribunal "imprimirán celeridad" al trabajo de los peritos.
En este caso se analizaron los 51 procesos licitatorios de las obras viales que desde 2003 a 2015 el Estado nacional financió en la provincia de Santa Cruz.
La justicia federal penal determinó que los gobiernos kirchneristas otorgaron de forma sistemática y a través de circuitos irregulares los contratos al Grupo Austral, de Lázaro Báez: sin controles del Estado, con exclusivos canales de pago, con simulación de concursos de precios, direccionamientos de las licitaciones, para mencionar sólo algunas de las irregularidades juzgadas.
En números: durante los doce años de administración kirchnerista a nivel nacional, Santa Cruz recibió el 12% del presupuesto global de Vialidad Nacional y el 86% de los contratos licitados en la provincia, terminaron en manos del mismo conglomerado empresarial, propiedad de Báez.
Los contratos que recibió el ex socio comercial de Cristina Kirchner representaron una erogación presupuestaria de 46.000 millones de pesos. La mitad de esas obras fueron abandonadas, pero se igual se pagaron.
Hay dos aspectos más que ponderó la justicia: mientras Báez se convertía en el principal adjudicatario de obra pública vial, celebró más de veinte acuerdos comerciales con Néstor y Cristina Kirchner, que involucraron préstamos para la compra de hoteles, construcción de inmuebles, alquiler de los mismos, permuta de terrenos, y compra-venta de propiedades.
El segundo dato es Lázaro Báez tuvo un exponencial crecimiento patrimonial -del 12.000%- y su constructora del 45.000%, como resultado de los fondos que provenían -siempre de forma irregular- de su único cliente: el Estado Nacional.
Los procesos licitatorios contaron con simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica.
El agravante es que la mitad de los contratos quedaron inconclusos.
Para la justicia es relevante llegar a una cifra que exponga el daño ocasionado. En este aspecto, se ponderó “no sólo por el desfalco en sus arcas públicas” sino también que Cristina Kirchner y sus ex funcionarios, “violaron la confianza y responsabilidad primaria que les cabe y sobre todo a quien ejercía la máxima investidura”.
Así lo plantea la sentencia: “La confianza que los ciudadanos depositan en los funcionarios públicos y en el orden normativo se ha visto mermada con la maniobra fraudulenta”.
Fuente: Diario CLARIN
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