•  whatsapp
•  email
•  twitter
•  facebook

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que encabeza Sonia Alesso, advirtió que el proyecto oficialista representa un «retroceso histórico» al suprimir conquistas sociales. Desde la entidad aseguran que el costo fiscal de la medida equivale a la deuda millonaria que el Estado mantiene con los maestros por el incentivo docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó su enérgico rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, y lo definió como una amenaza directa para el sistema educativo y la dignidad de los asalariados. A través de un comunicado de prensa, la entidad, exhortó a los legisladores de todos los bloques políticos a bloquear el tratamiento de la norma en el Congreso, argumentando que la propuesta busca destruir derechos conquistados para favorecer intereses patronales.

Para la Confederación, que encabeza Sonia Alesso, el concepto de «modernización laboral» que pregona el Gobierno de Javier Milei es una maniobra para encubrir una precarización sistémica de los puestos de trabajo. Según CTERA, el proyecto debe ser descartado íntegramente, rechazando cualquier intento de modificación parcial, ya que su espíritu elimina principios fundamentales como la justicia social y la protección del trabajador.

El costo fiscal: Recursos que se pierden para la educación
Uno de los puntos centrales del rechazo es el impacto negativo en las arcas públicas. CTERA sostiene que el Gobierno subestima el costo fiscal que generará la reducción de contribuciones patronales y otros recortes impositivos previstos en la reforma.

Según explica el documento, el artículo 163 propone bajar los aportes del rubro servicios y comercio del 20,4% al 17,4%, y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados. Solo este ajuste impositivo implicaría una pérdida del 0,462% del PBI, restando fondos vitales a la seguridad social y al ANSES. Además, sumando otras reducciones, como en el Impuesto a las Ganancias y aportes a obras sociales, el costo fiscal alcanzaría el 1,278% del PBI.

De acuerdo a las estimaciones del Instituto Marina Vilte de CTERA, estos recursos que el Estado dejaría de percibir equivalen a la deuda de $4,1 billones que la Nación mantiene con los docentes de todo el país por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). El gremio remarcó que, con ese dinero, no solo se podrían saldar deudas salariales, sino también recuperar programas hoy desmantelados como Conectar Igualdad e infraestructura escolar.

Un ataque a la organización sindical y al sistema público
La organización vinculó la reforma laboral con el proyecto de «Libertad Educativa», señalando que ambos buscan poner los derechos sociales al servicio del mercado. Denunciaron que el plan del Ejecutivo busca desfinanciar la educación pública, que en 2025 apenas alcanzó un financiamiento conjunto del 4,1%, lejos del 6% que establece la Ley de Educación Nacional.

Finalmente, CTERA detalló los puntos más peligrosos de la reforma para la vida cotidiana de los trabajadores:

Precarización de condiciones: Flexibilización de vacaciones, horarios y eliminación de recargos por horas extras.
Fin de la indemnización: Desaparición del concepto tradicional de indemnización para ser reemplazado por fondos financiados por los propios empleados.
Persecución a la protesta: Restricciones severas al derecho a huelga, limitaciones a las asambleas y penalización de las acciones de protesta gremial.

Fuente: Mundo gremial